BERRIA
18-03-2009
Martin Scheinin
Relator de la ONU
Como Relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos
en la lucha contra el terrorismo ha analizado la legislación española y ha
realizado diversas críticas al Ejecutivo español para mejorar las
garantías en esta materia.
"España cuenta con instituciones que no tienen cabida en la democracia"
Xan Harriague
La primavera del año pasado, Martin Scheinin (Helsinki, Finlandia, 1954),
Relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en
la lucha contra el terrorismo, pasó una semana entera en España y País Vasco.
Entre el 7 y el 14 de mayo analizó la legislación española, su
justicia y sus tribunales. El pasado 9 de marzo dio a conocer los frutos de
su análisis ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Génova.
Mostró varias preocupaciones, sobre todo en lo referente a la definición
de terrorismo, en cuanto a la libertad de expresión, la incomunicació
la Audiencia Nacional. Ofreció al Gobierno español cambios y
especificaciones para mejorar la ley.
Fue nombrado Relator especial de la ONU en 2005. Es experto, sobre todo, en
legislaciones internacionales de relaciones públicas, derechos humanos,
constitucionales y antiterroristas. Es, asimismo, profesor de legislación
internacional en la Universidad Europea, en Italia. También ostenta la
vicepresidencia de la Asociación Internacional de Tratados
Constitucionales. Ha sido miembro del Comité de Derechos Humanos entre 1997
y 2004, y presidente del instituto de derechos humanos Abo Akademi de 1998 a
2008.
El Gobierno español, sin embargo, ha querido restar credibilidad a las
conclusiones presentadas por Scheinin. Cuando le ha llegado el turno de
réplica ante la Comisión de Derechos Humanos, el delegado del Gobierno
español, Javier Garrigues, ha hablado en estos términos sobre Scheinin y
su informe: <<no conoce la realidad de la lucha antiterrorista, ni la
opinión de la mayoría de la sociedad española, ni la base de la
Constitución Española. Da la impresión de que no conoce ni siquiera el
delito de enaltecimiento del terrorismo. Ha hecho suyas críticas y
denuncias que no tienen base alguna y que están sin contrastar. Ha puesto
en duda la imparcialidad de los jueces y la división de poderes.
El Gobierno español dice que su definición de terrorismo es demasiado
limitada. ¿Qué le parece?
Yo creo que la definición objetiva de terrorismo está bien definida en la
legislación española, pero luego hay otros muchos delitos derivados. La
definición se extiende cada vez más y, al final, acapara delitos que no
tienen que ver con el terrorismo. Creo que el uso de la Legislación
Antiterrorista es demasiado amplio en España. Algunos de los temas que se
tratan en la Audiencia Nacional no deberían estar ahí, como por ejemplo,
la kale borroka.
Entonces, ¿el Gobierno debería concretar la legislación?
Sí, yo propongo utilizar la Legislación Antiterrorista contra el verdadero
terrorismo. Para los demás delitos, la vía penal ordinaria es suficiente,
sin tener que mencionar el terrorismo. La kale borroka es violencia, no
terrorismo. No es lo mismo.
¿Qué opina de los encarcelados por su actividad política, acusados de ser
miembros o colaboradores de "grupo terrorista"?
Para mí es muy difícil saber si existen pruebas. Me es muy difícil saber
si alguien recibe órdenes de ETA y si, como dice el Gobierno, es parte de
ETA. En el caso de partidos políticos y las plataformas de electores recibo
más información. Creo que el punto de vista del Gobierno es demasiado
amplio. Actúa contra grupos que no tienen nada que ver con la violencia.
Tener los mismos objetivos políticos que ETA no debería ser delito, ni
motivo para ilegalizar un partido político, al menos si no tiene relación
con la violencia.
El Gobierno español ha respondido a su informe diciendo que el terrorismo
está en el objetivo, no en el comportamiento. ¿Qué opina de esta lógica?
Estoy totalmente en contra de esa definición, habría deseado que el
Gobierno no dijera tal cosa. Es un uso demasiado extremista. Para mí la
definición de terrorismo siempre está en el comportamiento. Es una
estrategia, utilizar la violencia contra gente inocente. La violencia es
simbólica. Si empezamos a definir terrorismo en función de los objetivos
políticos, entonces cualquier organización contraria al Gobierno podría
ser definida como terrorista.
¿Cree que existe la libertad de expresión en España y en Euskal Herria?
Es una foto confusa. España es una democracia insegura que acepta muchas
críticas y puntos de vista. Pero es verdad que al mismo tiempo la
ilegalización de partidos y el cierre de periódicos limita la libertad de
expresión. Luego son los jueces los que deciden si esta limitación es
aceptable o constituye una violación. En lo que a mí respecta creo que,
quizá, el Estado español haya ido demasiado lejos en algunos casos.
En su opinión, ¿la Ley de Partidos garantiza la libertad de expresión?
Es demasiado amplia. Admite demasiadas lecturas y, al final, es poco clara.
La Ley de Partidos puede ser utilizada en contra de la libertad de
expresión, pero no diría que ése es su objetivo. Sería ir demasiado
lejos. Pero, en mi opinión, al ser demasiado amplia produce problemas.
¿Qué debería cambiar el Gobierno español para garantizar la libertad de
expresión?
Les he propuesto el examen de un experto sobre el Código Penal, así como
para mejorar y precisar la Ley de Partidos. Este experto analizaría cómo
hacer que no fuera tan débil, y cómo dejar menos espacio a las lecturas.
El Gobierno español ha dejado claro que no suspenderá la incomunicació
los detenidos, ignorando sus recomendaciones. ¿Qué le parece la negativa?
No soy el primero en pedir tal cosa. Muchos expertos en Derechos Humanos han
dicho lo mismo antes que yo. La mayoría de Estados no contempla medidas por
el estilo. España se está ahorcando con lo de la incomunicació
la utilice, los demás Estados y organizaciones de Derechos Humanos serán
muy críticos con ella. De seguir así, se estará debilitando a sí misma a
la hora de defenderse de las denuncias y falsas declaraciones de tortura. Yo
pedí que suspendiera la incomunicació
las medidas para garantizar el respeto de los derechos de los detenidos.
Para defenderse, España ha mencionado las legislaciones de Inglaterra y
Francia...
Hay una gran diferencia. Otros Estados limitan la elección de abogado, pero
pueden elegir a uno de confianza, lo que descarta ninguna sospecha especial.
Tienen algunas medidas especiales para los primeros días de la detención,
pero no un sistema de incomunicació
respecto a España. La mayoría de Estados permite elegir un abogado de
confianza desde el primer momento de la detención, que es una de las
medidas más útiles para evitar el maltrato policial. Por ello, la actitud
de España es mucho más peligrosa que la de la mayoría de Estados
europeos.
¿Cómo ve que la Ertzaintza vuelva a incomunicar?
Como he dicho, estoy contra la incomunicació
por otras medidas. Por lo tanto, no, la noticia no me ha alegrado.
¿Qué le parece el que muchas denuncias de tortura no se investiguen?
Yo creo que cuando hay una denuncia de tortura, se debería aplazar el
juicio hasta aclarar aquélla. No me parece bien cómo se actúa en España,
investigar el delito en un tribunal y la tortura en otro. Además, se
investigan muy pocas denuncias de tortura.
¿Por ello dice que la Audiencia Nacional puede ser un problema?
Sí, entre otras cosas, pero hay muchas más razones. Primero, un solo
tribunal trata demasiados delitos. Deberían estar más repartidos. Segundo,
tiene demasiadas competencias desde el primer momento de la investigación
y, finalmente, demasiado control. La Audiencia Nacional está por encima de
los países. Se limita la posibilidad de recurso por ser el tribunal
superior desde el inicio de la investigación. Por lo tanto, el derecho a
recurso no es posible en su totalidad. Por último, Madrid y el propio
reparto del contexto hacen peligrar la investigación del caso. Por todo
ello, el Gobierno español debería pensar de nuevo en trabajar los delitos
de terrorismo por la vía judicial ordinaria.
¿Cómo se ha tomado el hecho de que el Gobierno español diga que, al
mencionar la Audiencia Nacional, se está metiendo en lo que no le
concierne?
Qué decir... El Gobierno español dice que es a él a quien corresponde
establecer sus instituciones y legislaciones, que ello es parte de su
soberanía. En mi opinión, está equivocado. En calidad de Relator especial
de la ONU, puedo dar recomendaciones a cualquier estado, ya sea para que
modifique la ley o para que, por ejemplo, creen una nueva institución o
depongan otra. Soy un experto en legislación internacional, sobre todo en
el campo de los derechos humanos y, por tanto, tengo capacidad para hacerlo.
Lo hago en muchos estados, y España no es una excepción. Por otro lado,
sí, está claro que España es soberana y yo no estoy reformando la ley.
Sólo doy unas recomendaciones.
¿Le parece adecuada la postura del Gobierno español para mejorar en
materia de derechos humanos?
Es una postura con una doble cara: a muchos niveles España es un referente,
sobre todo a nivel internacional, en la promoción del diálogo entre
civilizaciones. En este campo está haciendo un buen trabajo. Pero yo tengo
problemas con respecto a la legislación antiterrorista; utiliza demasiadas
medidas restrictivas y, además, España cuenta con instituciones que no
tienen cabida en la democracia.
¿Qué opina cuando el Gobierno español dice que su informe es una opinión
personal y que se ha basado en hechos que no están fundados?
No es así. Soy un experto independiente que se dedica a analizar las bases
de las legislaciones internacionales de derechos humanos. Analizo la ley que
está vigente. Con respecto al método de trabajo, tengo total libertad para
obtener información de cualquier fuente. Cabe señalar que en mi informe no
hay nada que el Gobierno español no haya visto previamente. Les he
presentado el informe y han tenido meses para comentarlo. Posteriormente, es
a mí a quien corresponde decidir qué incluyo en dicho informe.
¿Es frecuente que los gobiernos reaccionen así?
Sí, siempre recibo críticas. A partir de ahí, es una cuestión de
intensidad y estilo. Pero debo decir que la relación diplomática que he
mantenido en esta ocasión ha sido buena. Hemos tenido interesantes
discusiones. No hay enemistad, sino desacuerdo en algunas materias.
De cara al futuro, ¿cree que España dará pasos para cuidar mejor de los
derechos humanos?
En general, percibo una buena actitud. Desde que ha cambiado el Gobierno de
EEUU, sobre todo, muchos estados han admitido que han cometido fallos..
Espero que España también dé pasos en ese sentido.
¿Qué hará la ONU tras conocer la respuesta que España ha dado a su
informe?
No creo que la Comisión de Derechos Humanos tome medidas especiales. En lo
que a mí respecta, voy a hacer un seguimiento del caso.
Pero ¿cree usted que debería tomar medidas?
No someterán a España a medidas de control como país especial. No
estaría justificado. No sucederá.
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