25 Aniversario del 28 de Febrero,
La victoria robada
Andalucia Libre
El 25 aniversario institucional y mediático de la gesta del 28-f ha reproducido la tónica habitual de distorsiones y mentiras históricas de todos los años. Los embustes de la Transición en general y de 1980 en particular -con su desvergonzada serie de ocultaciones y tergiversaciones o su generación de falsos héroes- repetidos hasta la saciedad durante estos 25 años desde el Poder o sus aledaños, han devenido en una suerte de interpretación oficial de la historia andaluza elevada a la categoría de canon incuestionable; so pena de condena por herejía política o cerco de silencio académico. En esta ocasión la manipulación del pasado se ha hecho con el énfasis añadido de la singular significación del lapso transcurrido -todo un cuarto de siglo ya- y de la coyuntura política nacional y estatal en que se ha celebrado, marcada por las diferentes demandas de reforma autonómica gestadas en Euskadi y Cataluña y el incipiente procedimiento en curso en Andalucía.
Aunque haya muchos interesados en olvidarlo, el 28-f fue necesario porque la discriminación y el engaño a las aspiraciones andaluzas estaban inscritos expresamente en el texto de la Constitución española.
A Andalucía no sólo se le negaba de entrada su derecho a la Autodeterminación y a la Soberanía Nacional como al resto de naciones del Estado español; además se le exigían condiciones adicionales para dificultar su acceso al restringido autogobierno recogido en el Art. 151: 3/4 de pronunciamientos municipales (en lugar de 2/3) más un referéndum previo que convertía las abstenciones y votos en blanco en noes, exigiendo el sí de "la mayoría absoluta de los electores de cada provincia" para que prosperara la iniciativa autónomica.
La Constitución española eximía de estos requisitos a Cataluña y Euskadi (y como añadido a Galicia); formalmente porque habían plebiscitado estatutos autonómicos cuarenta años antes (el golpe de Franco se lo impidió a Andalucía) y realmente porque allá existían fuerzas nacionalistas e independentistas fuertes o significativas, con las que el Régimen español quería bien pactar, bien disponer de instrumentos para aislar.
Las razones políticas que hicieron necesario el engaño eran fáciles de ubicar: el 4 de Diciembre de 1977, millón y medio de andaluces habían llenado las calles de Andalucía exigiendo el autogobierno -sorprendiendo y asustando a la mayoría de las propias fuerzas convocantes- en una movilización de alcance superior a todo lo visto en el Estado español y además con unas aspiraciones objetivamente soberanistas.
Ha de recordarse que, erróneamente, se entendía entonces popularmente que la "autonomía" era la capacidad política de resolver todos los problemas andaluces atendiendo sólo a la voluntad mayoritaria del pueblo andaluz. Aunque en aquellas fechas ninguna fuerza política con eco social significativo explicara que la "autonomía" demandada nada tenía que ver con la autonomía real que pensaba ofertar el Régimen español, no por ello la presión social al respecto dejaba de ser constante y fuerte, hasta el punto de que un cerrojazo explicito desde Madrid podía abrir dinámicas de inestabilidad política serias en Andalucía.
Explicitar entonces "la rebaja dentro de la rebaja" que llevaba políticamente impreso el nuevo marco constitucional español podía poner en riesgo el discurrir de la Transición pactada.
De ahí el diseño de tan alambicado proceso y su inclusión en la Constitución para evitar su rechazo en Andalucía. Se venia a decir a Andalucía que tuviera la seguridad de que no iba a obtener 'más' que Cataluña y Euskadi pero tampoco 'menos' y que eso ya sería suficiente para colmar sus esperanzas.
La responsabilidad política de esta estafa alcanzaba a todas las fuerzas políticas que apoyaron el Sí a la Constitución (PSOE, PCE, PSA-PA,...) y especialmente al entonces líder de la sucursal andaluza de UCD (la derecha postfranquista) y ministro, Clavero Arévalo, redactor del art. 151.
Al respecto, conviene recordar también que la otra vía pretendidamente autonómica -la vía 'fácil' y 'normal' del art. 143- no sólo era meramente en un principio una simple descentralización administrativa sino que no incluía expresamente ni siquiera la posibilidad de dotarse de Gobierno y parlamento autónomo propios.
De hecho si finalmente se les otorgó desde Madrid esas instituciones a los territorios implicados fue como consecuencia subsidiaria de la victoria andaluza del 28-f para diluirla y del rechazo español consecuente a admitir la singularidad andaluza (que terminaría consumándose al asimilar años después los niveles competenciales de unos y otros).
El Pacto de Antequera ha de insertarse política y cronológicamente en este contexto y entenderse como una consecuencia más de esa discriminación originaria (tal y como reconocía y denunciaba incluso el entonces principal ideólogo andalucista, José Aumente, pese a que su propio partido era cofirmante).
Las funciones políticas esenciales de este Pacto fueron, de un lado, justificar la renuncia a repetir en 1978 la movilización producida en 1977 (que tuvo, no obstante, que reiterarse luego en 1979); de otro, posicionarse a favor de la Constitución española (que se plebiscitaba dos días después de su firma) y de la "indisoluble unidad de España", vinculando de nuevo sus firmantes a esa Constitución la satisfacción de las aspiraciones andaluzas. Además incluía el compromiso de elaborar y defender un Estatuto consensuado con la derecha españolista, es decir, implicaba reconocerle capacidad de veto. El tan mentado Pacto de diciembre de 1978 -que algunos a posteriori han sobredimensionado y embellecido- no incluía siquiera referencia expresa al art. 151, limitándose a comprometer el apoyo a "la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución".
Luego -a la hora de la verdad- cuando llegó el momento de recabar pronunciamientos municipales favorables para iniciar el accidentado camino hacia el autogobierno se comprobó que la clave de su obtención no era el dichoso Pacto sino la iniciativa autónoma de las fuerzas de izquierda con presencia municipal significativa más comprometidas con el proceso (PTE, CUT...), el ambiente social autonomista que hacia inviable a la derecha tergiversar y presionaba con suma eficacia para que no obstaculizara las mociones y particularmente la agenda política del momento, pues esas votaciones en ayuntamientos de pueblos y ciudades andaluzas a lo largo de 1979 coincidían en el tiempo con el proceso de elaboración y aprobación de los Estatutos vasco y catalán -considerados claves para la estabilidad del Régimen- imposibilitando a UCD y PSOE sacar a la superficie sus proyectos de "racionalización autonómica" hasta concluir su tramitación en diciembre de aquel año.
De ahí que llegada esa fecha y solventado el que entendían negocio principal, UCD y PSOE defendieran y aprobaran conjuntamente en Madrid la Ley de referéndum que preparaba la reconducción del proceso y facilitaba la relegación de Andalucía al status del 143, implícita en el diseño constitucional.
Abundantes declaraciones periodísticas de la época de destacados dirigentes del PSOE (Felipe González, Alfonso Guerra, Maria Izquierdo, Peces Barba, Borbolla, etc) criticando el "desorden autonómico", alertando sobre una pretendida "naturaleza intrínsecamente derechista del autonomismo" y a la vez, contradictoriamente, afirmando lo indiferente de optar por 143 o 151, abundan en la convicción de que esa operación de rebaja contaba con el sostén conjunto de UCD-PSOE. Sólo problemas de planificación de agenda por las razones antedichas habían permitido que el proceso andaluz avanzara hasta el punto de estar irreversiblemente comprometida la convocatoria y celebración del referéndum.
Lo que no estaba previsto era que el entonces presidente de la Junta preautonómica, Escuredo (PSOE), tuviera su propia estrategia.
Escuredo entendió que el futuro político del PSOE en Andalucía (y particularmente el suyo propio personal) estaba en no cumplir en Andalucía los compromisos adquiridos por el PSOE en Madrid y dejarle a UCD en solitario el desgaste de asumir y respaldar el cambio de vía. A Escuredo no se le pasó el importante dato del reciente éxito electoral del andalucista PSA-PA en las elecciones generales de marzo de 1979 en las que obtuvo 5 diputados para Madrid; que venía a expresar de alguna manera el ambiente social dominante e indicaba con ello los riesgos y potencialidades del momento. Así Escuredo defendió que si como era previsible -según su análisis- el proceso no fructificaba, se le endilgarían las responsabilidades a UCD y el PSOE quedaría libre de culpa sin ofrecerle flancos fáciles al PSA-PA; si triunfaba -algo entonces por lo que muy pocos apostaban- los meritos serian para el PSOE, que encarnaría en su persona el sí y además sería quien, en cualquier caso, daría la pauta al discurso autonomista ante la ausencia de sólidos proyectos alternativos que pudieran cuestionarle su papel hegemónico (tal y como se desprendía del curso de la Transición y se había demostrado en el mismo Pacto de Antequera). Una vez situado públicamente Escuredo en la postura de mantenerse en la vía del 151, al PSOE no le quedó más remedio que jugar a dos barajas, eso sí, con la tranquilidad de pensar que, fuera cual fuere el resultado, ganaría siempre.
Por su parte, el Gobierno derechista español de UCD, no obstante el imprevisto descuelgue del PSOE, perseveró y anunció oficialmente su cambio de posición, ahora favorable a situar a Andalucía en la vía del 143, defendiendo la abstención como medio para hacer fracasar el referéndum. A juicio de los clarividentes analistas de la derecha en la Corte madrileña, el referéndum andaluz estaba ganado de antemano por la inmensidad de obstáculos que conllevaba y que ellos se encargarían de potenciar desde el Estado. A sus ojos -y con razón- nadie sensato y serio habría admitido jugar en condiciones tan infranqueables y leoninas si no fuera realmente indiferente ante el resultado. Además, en concordancia con la consideración despreciativa de Andalucía tradicional en la derecha española, no dejaban de afirmar: '¿Cómo iba a producirse precisamente en Andalucía lo que no podía ocurrir en ninguna parte?'. El descarte del PSOE de ultima hora -concluían- permitiría no sólo reubicar a Andalucía "en su sitio" sino, además y como propina inesperada, hundir al PSOE como oposición creíble. De ahí que la derechista UCD no tuviera en adelante a lo largo de la campaña el menor interés en recordar el cambio de postura del PSOE (hasta que ya fue tarde y no tenia credibilidad alguna).
Aparte y por su cuenta, sectores derechistas de la prensa -ejerciendo de intelectuales orgánicos- situados por fuerza más cerca de la realidad andaluza, también expresaban por entonces serías preocupaciones sobre los peligrosos efectos de un giro copernicano tan notorio que pudiera derivar en una crisis de representación si no existían formaciones y dirigentes políticos de recambio de su confianza que pudieran embridar la previsiblemente airada reacción popular, de lo cual se beneficiarían al par Escuredo y Clavero. El escenario conjunto resultante tuvo como consecuencia que al ministro Clavero Arévalo, sevillano, residente en Andalucía y palmariamente desautorizado por su Gobierno, no le quedara más salida que dimitir y pedir el SI, preparándose a postularse como segunda marca de la derecha española en Andalucía en caso de necesidad.
Con lo que ninguno contó -Escuredo incluido- fue con la increíble indignación nacional que produjo la maniobra gubernamental y la masiva y sostenida movilización popular que provocó, superando todas las previsiones. Roto el consenso, entró Andalucía en escena. El desprecio no generó abatimiento sino rabia. Las calles y balcones de los barrios se poblaron de verdiblancas, tanto como las puertas de las fabricas.
La derecha españolista tuvo para su sorpresa que replegarse a sus medios de comunicación y ante el inmenso rechazo que mereció, pasar en Andalucía a la 'clandestinidad social'. Por ejemplo: comentar en voz alta en un autobús urbano que no se iba a votar en el referéndum era arriesgarse a ser arrojado del vehículo por el conductor -quizá para evitar males mayores- entre aplausos de los usuarios e improperios dirigidos al traidor y a su inocente madre (caso verídico); tirar desde avionetas en Granada panfletos sin firma con la frase "Papá: ¿Andalucía es Sevilla?", implicaba provocar el inmediato grito unánime de "¡Viva la Giralda!", coreado con fervor (caso verídico) o hacer campaña radiofónica por la abstención, seguro de eterna repulsión y fracaso profesional (caso Lauren Postigo, la voz del lema español: "Andaluz no votes; este no es tu referéndum").
La tensión llegó al extremo de que la UCD -partido entonces en el Gobierno español- hubo de recurrir a traerse sus interventores en autobuses formados en convoy desde Castilla ante la imposibilidad de conseguir que sus propios afiliados en Andalucía dieran la cara en las mesas electorales. Otro ejemplo de esa presión social a la hora del recuento fue que las papeletas en blanco superaran a los noes; votos en blanco de quienes no se atrevieron a señalarse en sus pueblos y barrios absteniéndose.
El 28 de Febrero. a lo largo y ancho de toda la Nación, el pueblo andaluz ganó. Le ganó al Gobierno, a la derecha españolista de UCD y AP, a la televisión y a buena parte de la prensa, al trucado censo inflado, con muertos y emigrantes, al alienante discurso del consenso...
Ganó hasta el punto de provocar una pelea carroñera por los despojos de su victoria que se prolongó durante meses y que, tras múltiples avatares, terminó resolviéndose políticamente en beneficio del PSOE; más por errores y carencias ajenos de sus competidores (PSA-PA, PCE, Clavero) que nunca tuvieron ni la intención ni el valor de romper el nudo gordiano de la cuestión -denunciando el modelo constitucional y a su Régimen- que por meritos propios.
Ganó hasta el punto de forzar un desbloqueo para darle cauce a la demanda autonómica andaluza que era no sólo una descomunal aberración jurídica sino a todas luces un acuerdo palmariamente anticonstitucional, aun cuando se ejecutaba paradójicamente al amparo de la Constitución y al objeto de preservarla (y ninguno de los implicados tenía interés en reseñarlo, obviamente).
Los limites de su victoria fueron también rápidamente evidentes. Aun retumbando los ecos de la trifulca, PSOE, PSA-PA y PCE reintegraron a la UCD al consenso estatutario para parir un Estatuto que defraudaba punto a punto todas las aspiraciones sociales e ilusiones políticas que habían conducido al 28 de Febrero y volvía a ubicar a Andalucía -aún dando un rodeo- en aquel "sitio" vigilado, subordinado e impotente al que España la había históricamente condenado y en el que se habían inspirado los jerifaltes españoles de UCD-PSOE para elaborar su aparentemente frustrada maniobra de reconducción.
Quienes se opusieron a ese Estatuto salvaron la honra de la izquierda andaluza pero ya no pudieron revertir una dinámica ya consolidada. Este proceso abortado sólo dio como particular novedad la descomposición de la UCD a escala estatal y la instauración de la hegemonía nacional del PSOE, que aún dura; elevado a la condición de administrador de la dependencia. La victoria se tornó en derrota.
Hace 25 años Andalucía sufrió el control, encauzamiento y reintegración políticas desde las fuerzas comprometidas con el Régimen español de un proceso de afirmación nacional y reivindicación popular andaluza que tendía a desbordar los márgenes políticos y sociales impuestos. Entonces aprovecharon a fondo las debilidades de estructuración política de las que adolecía aquel masivo movimiento popular, tan sobrado de esperanzas y sueños como falto de programas y fuerzas políticas vertebradoras que combatieran el discurso dominante. Los resultados de este robo histórico están a la vista en las estadísticas andaluzas, en la realidad de la izquierda y en la conciencia social.
Hoy similares debilidades -aunque en un escenario distinto- facilitan a los comprometidos con la "Andalucía Española" practicar no sólo un desvergonzado y constante ejercicio de desposesión de la memoria histórica y de alienación de la identidad andaluza sino también reiterar una nueva versión de la instrumentación de las aspiraciones y necesidades andaluzas para servir a España, en contra de los intereses y derechos nacionales de Andalucía y nuevamente al amparo del discurso de la "igualdad", el "agravio comparativo" y la lealtad constitucional. Los que condenan a Andalucía a la humillación y el subdesarrollo se aprestan a colocar un nuevo eslabón en la cadena que la aprisiona.
Que la operación tenga eco y visos de éxito, ahora como entonces, sigue derivando básicamente de las mismas carencias, que contribuyen en conjunto al mantenimiento de una correlación de fuerzas favorable al Poder.
Primera, el dependentismo estratégico, estatalismo ideológico y sucursalismo orgánico de la mayoría de las fuerzas políticas, sindicales y sociales de la izquierda, instaladas en su condición de prolongaciones andaluzas de formaciones españolas (incluidas aquí las que recurren vergonzantemente a nombres específicos para esconder su dependencia o a recubrirse con la verdiblanca para tapar su cosmopolitismo o su españolismo de nuevo cuño), fenómenos que suelen justificar prostituyendo la palabra "internacionalismo".
Segunda, la falta de honestidad y coherencia políticas, ejemplificada en quienes -por citar sólo algún caso- pretenden no darse cuenta, a estas alturas, de que la lucha por la República Andaluza es incompatible y contradictoria -tanto como objetivo como estrategia- con la demanda de una 'III Republica Española' o de que la continuidad entrista en IU o la esperanza en una reconversión nacional del andalucismo hace años que dejaron de tener otra justificación posible que la cobardía o la preservación de cargos y sueldos.
Tercera, aunque en menor medida, la falta de rigor y seriedad políticas en la izquierda nacionalista o independentista, confundiendo radicalidad con frivolidad o marginalidad, que convierte en crónica su debilidad y la inhabilitan para actuar eficazmente como polo de influencia.
Ahora no se trata como hace 25 años de desarrollar un movimiento popular existente y llevarlo a la victoria o al menos situarlo en su senda, sino de reconstruirlo al tiempo que se levanta un proyecto nacional. No trabajamos con un 55,8% a la espalda como entonces, sino con un 4,7%*, todo lo más, en un principio. Aún así, si tenemos voluntad de vencer algún día y conquistar una Andalucía Libre y Socialista habremos de afrontar y resolver las carencias apuntadas.
Hasta que esto no ocurra no podremos como izquierda, como nación y como clase, recuperar y hacer fructífera de verdad aquella victoria robada del 28-f, que asombró al mundo.
*4,7%, "en el Referendum sobre la Constitución europea el 11,64% del NO en relación con los votantes se convierte en un modestísimo 4,7% del total de población residente en Andalucía con derecho a voto. Es decir, sólo el 4,7% del censo se identificó lo suficiente con el rechazo al modelo neoliberal y dependentista y resistió presiones y adversidades como para ir a las urnas a votarle NO", Andalucia Libre nº 258 - Referéndum: Ganó el Poder - Hipérbole del hambre, 21 de febrero de 2005
Andalucía Libre nº 259, 2 de Marzo de 2005;
Sobre los engaños y estafas del primer proceso de elaboración estatutaria durante la Transición (1977-1981) ver
25 Aniversario del 4 de Diciembre [Cómo fue realmente el 4-D], Andalucía Libre nº 147, 4 de Diciembre de 2002;
Ya pasó el 28 de Febrero [Cómo se llegó al referéndum de iniciativa autonómica], Andalucía Libre nº 165, 4 de Marzo de 2003;
Memoria de Andalucía [Pacto Antequera, 1978; Pasteleos elaboración estatutaria, 1981], Andalucía Libre nº 120. 1/6/2002;
28-f: La victoria robada, Andalucía Libre nº 259, 2 de Marzo de 2005;
Historia del Proceso autonómico de Andalucía
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